Hace poco más de un año, en marzo de 2025, el Congreso aprobó la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, una norma que pretende reducir la enorme cantidad de alimentos que se pierden o se tiran cada año a lo largo de toda la cadena alimentaria.

Aunque la ley entró en vigor en abril de 2025, se concedió a las empresas un plazo de adaptación de doce meses para aplicar las medidas previstas en la norma. Ese plazo finalizó el pasado 3 de abril de este año, por lo que desde esa fecha sus obligaciones son plenamente exigibles.

El objetivo principal de la ley es prevenir el desperdicio de alimentos mediante la adopción de medidas que afecten a  todas las fases de la cadena alimentaria, desde la producción y distribución hasta la venta y el consumo. Para ello, introduce obligaciones específicas dirigidas principalmente a empresas del sector alimentario, como productores, distribuidores, supermercados o establecimientos de hostelería.

Entre las principales medidas que introduce la norma se encuentra la obligación de que los operadores de la cadena alimentaria elaboren planes de prevención del desperdicio alimentario. Estos planes deben identificar los puntos en los que se generan pérdidas de alimentos y establecer medidas concretas para evitarlas. Asimismo, la ley establece una jerarquía de prioridades para el aprovechamiento de los excedentes: en primer lugar se debe evitar el desperdicio; si los alimentos no pueden comercializarse, se debe priorizar su redistribución para consumo humano mediante donaciones; y, sólo cuando esto no sea posible, se contempla darles otros usos, como la alimentación animal, el compostaje o la producción de energía.

La normativa también introduce algunas medidas que pueden tener efectos directos para los consumidores. Por ejemplo, fomenta que los supermercados y establecimientos comerciales ofrezcan productos con descuentos cuando se aproximan a su fecha de consumo preferente, lo que puede contribuir a reducir el desperdicio al tiempo que facilita el acceso a alimentos a precios más bajos. En el ámbito de la hostelería, la ley refuerza la práctica de ofrecer envases para que los clientes puedan llevarse a casa los alimentos que no han consumido en bares o restaurantes, una medida que busca normalizar hábitos de consumo más responsables.

La ley también atribuye un papel relevante a las administraciones públicas. Estas deben impulsar políticas de prevención del desperdicio alimentario, promover campañas de sensibilización y fomentar la cooperación entre los distintos agentes de la cadena alimentaria. Asimismo, deberán realizar labores de seguimiento y control del cumplimiento de la norma.

Para garantizar su eficacia, la ley incorpora un régimen ancionador que prevé multas para las empresas que incumplan las obligaciones establecidas, como la falta de planes

de prevención o la destrucción injustificada de alimentos aptos para el consumo. Las infracciones pueden ser leves, graves (hasta 60.000 €) o muy graves, por reincidencia, (hasta 500.000€).

No obstante, desde la perspectiva de los consumidores también conviene señalar algunos límites de la norma. Por un lado, la ley establece diversas excepciones que dejan fuera a parte del tejido empresarial, especialmente pequeñas empresas y microempresas del sector alimentario, lo que puede reducir su impacto real en la reducción del desperdicio.

Por otro lado, la regulación se centra principalmente en las obligaciones de las empresas de la cadena alimentaria, mientras que el desperdicio que se produce en los hogares — que representa una parte importante del total— queda abordado de forma más indirecta, fundamentalmente a través de medidas de sensibilización.

Desde ADICAE valoramos positivamente la aprobación de esta ley, ya que supone un avance en la lucha contra un problema que tiene importantes consecuencias económicas,

sociales y ambientales. Sin embargo, creemos que su eficacia dependerá en gran medida de su aplicación práctica, del control que ejerzan las administraciones públicas (inspección) y del grado de implicación de las empresas y de los propios consumidores.

La reducción del desperdicio alimentario exige, en definitiva, un esfuerzo conjunto de administraciones, empresas y ciudadanía. Sólo mediante una combinación de regulación eficaz, responsabilidad empresarial y hábitos de consumo más conscientes será posible avanzar hacia un sistema alimentario más sostenible y equilibrado.

Qué cambia para los consumidores con la nueva ley:

• Más productos rebajados en supermercados cuando se acercan a su fecha de consumo preferente, con el objetivo de evitar que se desperdicien alimentos en buen estado.

• Posibilidad de llevarse a casa las sobras en restaurantes, una práctica que la ley fomenta para reducir el desperdicio en hostelería.

• Mayor aprovechamiento de excedentes alimentarios, gracias a la obligación de priorizar la donación para consumo humano antes de que los alimentos se conviertan en residuos.

• Más responsabilidad para empresas de la cadena alimentaria, que deberán contar con planes de prevención del desperdicio y gestionar mejor los excedentes.

• Sanciones para quienes no cumplan la norma, con multas que pueden alcanzar cuantías importantes en los casos más graves.