EL IPC SE DISPARA EN AGOSTO
El IPC se dispara al 4,3% en agosto: los carburantes vuelven a golpear el bolsillo de los consumidores
El encarecimiento de las gasolinas y el gasóleo impulsa la inflación hasta su nivel más alto desde febrero de 2023, mientras la inflación subyacente baja al 2,9%. El aumento de los precios de los combustibles amenaza con trasladarse a otros bienes y servicios y vuelve a poner en el centro del debate el poder adquisitivo de los hogares.
La inflación vuelve a acelerar con fuerza en España. El indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) sitúa la tasa interanual en el 4,3% en agosto, siete décimas más que en julio, cuando se situó en el 3,6%. Se trata del nivel más elevado desde febrero de 2023 y supone un nuevo golpe para los consumidores, especialmente para quienes dependen del vehículo privado para sus desplazamientos cotidianos.
El principal responsable de esta subida se encuentra, una vez más, en los combustibles y lubricantes para vehículos personales. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de estos productos han aumentado en agosto, mientras que en el mismo mes del año pasado habían registrado descensos. Este efecto comparativo está contribuyendo de manera decisiva al repunte de la inflación.
Llenar el depósito vuelve a ser más caro
Para las familias, la estadística se traduce en un gasto muy concreto. El incremento del precio de la gasolina y el gasóleo afecta directamente a quienes utilizan el coche para acudir al trabajo, llevar a los hijos al colegio, realizar compras o desplazarse durante las vacaciones.
Pero el impacto no termina en el surtidor. El combustible es un coste esencial para el transporte de mercancías y la prestación de numerosos servicios, por lo que una subida prolongada puede terminar repercutiendo sobre los precios que pagan los consumidores por otros productos. El encarecimiento del transporte puede afectar a la distribución, al comercio y a distintas actividades económicas.
La situación resulta especialmente preocupante porque el consumidor afronta esta nueva subida después de varios años en los que el coste de bienes y servicios básicos ya ha experimentado importantes incrementos. Que la inflación se sitúe ahora en el 4,3% significa que, en términos generales, la cesta de consumo es un 4,3% más cara que un año antes, aunque el impacto concreto sea diferente para cada hogar.
La inflación subyacente da una señal diferente
Existe, no obstante, un dato que permite matizar la evolución de los precios. La inflación subyacente, que excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados por su mayor volatilidad, se reduce una décima en agosto, hasta el 2,9%.
Esto apunta a que buena parte del fuerte repunte del IPC está concentrado en el componente energético y, particularmente, en los carburantes. Sin embargo, para el consumidor esta distinción estadística no elimina el problema: si sube el precio de llenar el depósito, disminuye el dinero disponible para el resto de gastos del hogar.
Además, el propio INE señala que los alimentos y bebidas no alcohólicas también contribuyen al comportamiento de la inflación, ya que sus precios bajan menos que en agosto del año anterior.
Más protección y transparencia para los consumidores
Ante este escenario, resulta fundamental que los consumidores puedan comparar precios, conocer las condiciones de los productos y servicios que contratan y disponer de información clara sobre la evolución de sus gastos. La inflación no afecta únicamente a la capacidad de compra: también puede obligar a las familias a modificar decisiones de consumo, reducir el ahorro o recurrir a financiación para afrontar gastos habituales.
Desde las organizaciones de consumidores se debe reclamar, por tanto, que las medidas destinadas a contener el impacto de la crisis energética lleguen realmente a los hogares y que exista una vigilancia efectiva sobre posibles incrementos injustificados de precios.
El dato del 4,3% vuelve a recordar una cuestión esencial: cuando suben los precios, no todos los consumidores tienen la misma capacidad para protegerse. Los hogares con menores ingresos destinan una mayor parte de su presupuesto a gastos necesarios y tienen menos margen para reducir el consumo o sustituir determinados productos.
La inflación puede ser una cifra económica, pero sus consecuencias son cotidianas: cada repostaje, cada compra y cada factura determinan cuánto dinero queda a final de mes. Por ello, el nuevo repunte del IPC debe analizarse también desde la perspectiva de quienes sufren directamente sus efectos: los consumidores y las familias.
